Conozca los datos que arroja el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas de la economía mundial y el informe sobre la estabilidad financiera mundial .

The IMF’s Vitor Gaspar, Director of the Fiscal Affairs Department and Catherine Pattillo answer questions from the media during the Fiscal Monitor press conference during the 2017 IMF/World Bank Spring Meetings on Wednesday, April 19 in Washington, D.C. IMF Photo by Ryan Rayburn

Ante los crecientes desafíos fiscales planteados tras la crisis financiera mundial, la supervisión multilateral de la evolución de las finanzas públicas, uno de los aspectos clave de las tareas de supervisión del FMI, ha cobrado mayor importancia.

Por lo tanto, en 2009 se lanzó el Monitor Fiscal, con el fin de evaluar y analizar los acontecimientos más recientes en el ámbito de las finanzas públicas, actualizar la información sobre las implicaciones fiscales de la crisis y las proyecciones fiscales a mediano plazo y evaluar las políticas para crear una base sustentable para las finanzas públicas.

El Departamento de Finanzas Públicas del FMI prepara el Monitor Fiscal dos veces al año. Las proyecciones de este informe se elaboran a partir de la misma base de datos utilizada para las ediciones de Perspectivas de la economía mundial y el informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR, por su sigla en inglés).

Las proyecciones fiscales para cada país han sido preparadas por los economistas del FMI asignados a los respectivos países, y, conforme a las directrices de Perspectivas de la economía mundial, parten del supuesto de que las políticas anunciadas serán llevadas a la práctica.

Este es un resumen general que le traemos en Más Magazine:

El calentamiento atmosférico está poniendo en peligro nuestro planeta y los niveles de vida del mundo entero, y la oportunidad para contener el cambio climático y llevarlo a niveles que permitan controlarlo se está desvaneciendo con rapidez.

Políticas fiscales encaminadas a mitigar el cambio climático

El Monitor Fiscal sostiene que, de las diversas estrategias de mitigación para reducir las emisiones de CO2 derivadas de los combustibles fósiles, los impuestos sobre el carbono — aplicados al suministro de combustibles fósiles (por ejemplo, procedente de refinerías de petróleo, minas de carbón, plantas procesadoras) en proporción a su contenido de carbono— son la herramienta más poderosa y eficiente, dado que les permiten a las empresas y los hogares encontrar la manera más económica de reducir el uso energético y optar por alternativas más limpias.

La carga del impuesto en proporción al consumo de los hogares es moderadamente mayor para los hogares de bajo ingreso que para los de ingreso más alto en algunos países (por ejemplo, China y Estados Unidos), pero más o menos igual o ligeramente menor en otros (Canadá, India).

Limitar el calentamiento atmosférico a 2°C o menos requiere medidas de política ambiciosas, tales como un impuesto internacional al carbono aplicado de inmediato y que aumente con rapidez hasta llegar a USD 75 la tonelada de CO2 en 2030. En ese escenario, a lo largo de un período de 10 años, los precios de la electricidad aumentarían en promedio 45% acumulativamente, y los de la gasolina, 15%, para los hogares, en comparación con la proyección de base (es decir, la inacción).

El ingreso generado por ese impuesto (1,5% del PIB en 2030, en promedio, en los países del Grupo de los Veinte [G20]) podría redistribuirse, por ejemplo, para brindar asistencia a los hogares de bajo ingreso y respaldo a los trabajadores o las comunidades afectados desproporcionadamente (por ejemplo, en zonas con minas de carbón), recortar otros impuestos, financiar la inversión en infraestructura de energía limpia o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, reducir el déficit fiscal o pagar un dividendo equitativo a la totalidad de la población.

El Monitor Fiscal compara esos usos del ingreso fiscal según su eficiencia económica y su impacto en la distribución del ingreso. Por ejemplo, la fijación de precios al carbono combinada con un dividendo equitativo pagado a la totalidad de la población, en lugar de un recorte del impuesto sobre la renta, redistribuye el ingreso a favor de grupos de más bajo ingreso, pero a expensas de una mayor eficiencia económica.

Una solución intermedia que compense, por ejemplo, al 40% de hogares más pobres, así como a los trabajadores y las comunidades afectados, permitiría usar tres cuartas partes del ingreso fiscal para otros objetivos, como inversiones productivas o recortes del impuesto sobre la renta.

La decisión de abandonar los combustibles fósiles no solo transformará la economía, sino que también alterará profundamente las vidas de los hogares, las empresas y las comunidades. Es importante señalar que producirá otros beneficios ambientales inmediatos dentro de cada país, como una reducción de la mortalidad causada por la contaminación del aire (725.000 muertes prematuras menos en 2030 gracias a un impuesto de USD 75 por tonelada no más que en los países del G20). Las empresas que se decanten por nuevas tecnologías generarían utilidades y crearían empleo, que en el sector de las energías renovables ya alcanzó 11 millones a nivel internacional en 2017.


Si la fijación de precios al carbono no es una alternativa factible, los sistemas de comercio de derechos de emisión (subasta o emisión de permisos de emisión que luego se compran y venden) serían igualmente eficaces si se los aplica a una amplia variedad de actividades económicas.

Si ninguna de estas estrategias de mitigación puede aplicarse a la escala necesaria, las tasas ecológicas (sistemas de cargos y reintegros aplicados a productos o actividades con una intensidad de emisiones superior o inferior al promedio) o las regulaciones (por ejemplo, normas sobre tasas de emisión y eficiencia energética) podrían generar dos terceras partes de las
oportunidades de reducción del CO2 que ofrece la tributación del carbono.

Las tasas ecológicas y las regulaciones motivan a los particulares y a las empresas a optar por energía más limpia, pero
no desalientan actividades que consumen energía. Para que la necesaria reducción de las emisiones alcance plena escala, habría que utilizar las tasas ecológicas y las regulaciones de manera mucho más intensa, trastocando más los procesos de producción actuales. Con todo, los costos económicos de mitigar el cambio climático recurriendo a herramientas subóptimas serían menores que los efectos devastadores del calentamiento atmosférico.

Cooperación internacional para un futuro común

Algunas economías avanzadas y de mercados emergentes ya utilizan impuestos sobre las emisiones de carbono y sistemas de comercio de derechos de emisión, pero no en suficiente medida. De hecho, el precio promedio de las emisiones mundiales actualmente es de USD 2 por tonelada, una fracción mínima de lo que se necesita para alcanzar la meta de 2°C. Para comenzar a reforzar sin demora el proceso de París, los países con las emisiones de dióxido de carbono más voluminosas podrían acordar un precio mínimo.

De esa manera, habría una meta transparente basada en un indicador común y se evitarían pérdidas de competitividad internacional acarreadas por el encarecimiento de la energía. Si participaran los tres principales emisores (China, Estados Unidos, India), ese acuerdo cubriría de por sí más de la mitad de las emisiones mundiales. Las economías de bajo ingreso y de mercados emergentes podrían trabajar con un mínimo más bajo o recibir transferencias internacionales. El acuerdo podría dar cabida a políticas con diferentes enfoques (por ejemplo, sistemas de comercio de derechos de emisión a nivel nacional, tasas ecológicas o regulaciones) con un acuerdo sobre los procedimientos de verificación.

Alcanzar las metas de estabilización de las temperaturas no requiere incrementar mucho más la inversión mundial global en energía, pero sí implica una necesidad urgente de reorientar la inversión en suministro energético hacia fuentes que emitan menos dióxido de carbono. La razón es que la infraestructura construida hoy determinará los niveles de emisión durante
décadas.

Se necesitan otras políticas, como incentivos para investigación y desarrollo, incentivos fiscales provisionales para promover la demanda de tecnologías de baja emisión hasta que alcancen economías de escala suficientes, y mercados de bonos verdes para facilitar el acceso al capital privado. Como las empresas que están considerando inversiones a más largo plazo —en generación de energía eléctrica, por ejemplo— deben contar con certeza sobre el futuro de las políticas tributarias y regulatorias, las autoridades deberían asegurar las políticas de mitigación la mayor cantidad de tiempo posible, entre otras cosas asumiendo compromisos ante la comunidad internacional.

Las diferentes herramientas tienen sus pros y sus contras, pero la crisis climática es urgente y existencial, y requiere que las principales partes interesadas desplieguen todas las medidas de política adecuadas. Los ministros de Hacienda pueden hacer frente a esta crisis poniendo en marcha políticas de tributación de las emisiones de carbono o medidas similares, promoviendo la aceptación de la mitigación del cambio climático a través de medidas de tributación o gasto complementarias, asegurando una presupuestación adecuada para la inversión en energía limpia y coordinando estrategias a nivel internacional.

 

Sobre El Autor

Foto del avatar

Artículos Relacionados

Ver botones
Ocultar botones